El gobierno mexicano, con su proverbial aplomo, reacciona a las acusaciones de "narco-gobierno" con una mezcla de indignación y solicitudes de "pruebas". La presidenta, en un despliegue de genialidad estratégica, exige que si Ovidio Guzmán o "El Mayo" Zambada ( angelitos ahora reconvertidos en "testigos protegidos" por EE. UU.) sueltan la sopa sobre los "arreglos con el poder político en México", las pruebas deben venir acompañadas, ¿eh?.
Esto, por supuesto, es un "absurdo total", especialmente viniendo de un régimen que se regocijó con la condena de Genaro García Luna "solo con base a dichos y sin prueba alguna". Las pruebas de esos arreglos, como bien se sabe, no son contratos notariados con fotos y videos, sino las "conductas que prueban los arreglos.
La ironía es que, mientras Washington suelta "tiros de precisión" que apuntan a altos cargos, el gobierno mexicano se limita a defender a los involucrados, o a los que fueron acusados por el "Rey del Huachicol".
Al final, la "Transformación no se detiene", aunque sea hacia la consolidación de un narcoestado.
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