La justicia en México es tan selectiva como un sommelier eligiendo vinos. Mientras ejecutivos bancarios como Nabor Medina Garza y David Alejandro Rodríguez Jacobo son aprehendidos con exceso de fuerza y prisión preventiva por un fideicomiso fallido en Baja California, el verdadero responsable, el exgobernador Javier Bonilla, cercano a López Obrador, goza de fuero y vive tranquilamente en San Diego. ¡Un ejemplo de cómo la amistad con el presidente López Obrador, a quien en 2016 llevó a la Serie Mundial, te puede proteger de cualquier tropiezo legal!
La detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, a pesar de que la FGR tenía una orden de aprehensión desde hace dos años, solo subraya esta impunidad. ¡Cómo reclamarle a EU que lo detenga si aquí lo tuvieron en sus manos y no hicieron nada!.
Este patrón de impunidad de la que han gozado muchos personajes del crimen organizado en el sexenio pasado es un problema mucho mayor. Ovidio Guzmán, por cierto, hasta el Culiacanazo, no tenía orden de aprehensión alguna. ¡Qué coincidencia! Al final, la lógica es clara: actuar contra los políticos y funcionarios que protegen o participan de estas redes de corrupción, ¡pero solo si la factura política es favorable!.
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